En un giro inesperado del debate sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, desató una tormenta de controversia con sus declaraciones explosivas durante el séptimo foro para discutir la iniciativa en la Cámara de Diputados. Con un discurso tan directo como provocador, Batres no dejó espacio para dudas ni para ambigüedades.
En sus declaraciones, Batres cuestionó abiertamente el sistema actual de selección de jueces y magistrados, tachándolo de “cerrado” y “elitista”. Desde 1995, los concursos para elegir a los integrantes del Poder Judicial han sido accesibles únicamente para quienes ya laboran en este ámbito, lo cual, según la ministra, ha convertido estos concursos en meros “escalafones” para aquellos que ya forman parte del sistema. Para Batres, este método no ha servido más que para perpetuar una red de nepotismo, revelando que casi el 50% de los integrantes del Poder Judicial tienen vínculos familiares dentro de la misma institución, según el Consejo de la Judicatura Federal.
Batres no escatimó en ejemplos internacionales para reforzar su punto. Mencionó cómo en Japón los ministros están sujetos a revocación popular, en Suiza los jueces son electos por la ciudadanía, y en Estados Unidos, la gran mayoría de los estados eligen a sus jueces de las cortes supremas. Incluso citó a países europeos y a la República Popular China como ejemplos de sistemas judiciales que incorporan mecanismos democráticos o mixtos, donde no siempre se requiere ser abogado para ser juez.
Sin embargo, la parte más polémica de su intervención llegó cuando abordó la cuestión de la confianza en el voto popular para elegir a jueces, ministros y magistrados. “No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras,” sentenció Batres. Pero la frase que realmente encendió la llama fue: “Si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno porque los magistrados van a ser movibles”.
Las declaraciones de Batres han causado una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos defensores de la reforma aplauden su postura audaz y su llamado a una mayor democratización del Poder Judicial, otros critican su lenguaje y su aparente desprecio por la capacidad del pueblo para tomar decisiones informadas. Las palabras de Batres han reavivado el debate sobre la viabilidad y los riesgos de permitir que el voto popular decida quiénes ocuparán los cargos más altos del sistema judicial.
El presidente López Obrador, por su parte, ha reiterado su compromiso con la reforma como un paso necesario para asegurar la transparencia y la justicia en el país. No obstante, con cada intervención de figuras clave como la ministra Batres, queda claro que la discusión sobre la reforma judicial es mucho más que una simple cuestión de política: es un debate profundo sobre la confianza en la capacidad del pueblo para elegir a sus representantes más importantes, y sobre cómo se construye, o se destruye, la credibilidad del sistema judicial.
A medida que la discusión avanza y los diferentes actores del escenario político y judicial se posicionan, lo que está en juego es mucho más que una reforma; es la manera en la que entendemos la justicia y la democracia en México.
